Trabajadoras del hogar siguen sin protección laboral pese a su rol esencial

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora cada 28 de abril, un dato preocupante vuelve a poner en evidencia la precariedad en la que se encuentran miles de trabajadoras del hogar en el Perú: solo el 5% de ellas cuenta con EsSalud financiado por sus empleadores. La cifra refleja una brecha persistente en términos de derechos laborales, protección sanitaria y acceso a una vida digna.

Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), más de 300 mil personas en el país se dedican al trabajo doméstico remunerado. No obstante, la gran mayoría se encuentra en la informalidad, sin contratos escritos, con jornadas extensas y sin acceso a servicios básicos como atención médica o seguridad social.

La Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR), organización que impulsa los derechos de las trabajadoras del hogar desde 1989, alerta que los riesgos para este sector no se limitan únicamente a lo físico. La salud emocional también se ve afectada por las condiciones laborales inestables y la falta de reconocimiento de sus derechos.

Un reciente análisis del proyecto ANITA señala que el 57% de trabajadoras del hogar sufría alguna condición crónica de salud, pero solo un 7.5% tenía EsSalud pagado por su empleador hasta el año 2022. En 2024, un 72% accedía al Sistema Integral de Salud (SIS), pero este no cubre todas las atenciones requeridas, y muchas siguen sin tener cómo atenderse de manera oportuna.

Sofía Mauricio, integrante del Consejo Directivo de AGTR, resalta que el concepto de salud en el trabajo debe ampliarse: “No se trata solo de riesgos físicos, sino también de salud emocional y estabilidad. Muchas mujeres laboran enfermas, con miedo a ser despedidas, sin posibilidad de tomarse un descanso ni de recibir atención especializada”.

La situación se agrava al revisar las estadísticas sobre salud mental. El 36% de estas trabajadoras presenta síntomas de depresión, según una encuesta de ANITA realizada entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Además, los datos de la ENDES y la ENAHO revelan que el 16% ha sido víctima de violencia psicológica y el 10% de violencia física. Solo el 14% ha sufrido algún tipo de accidente laboral, pero apenas 4 de cada 10 recibió atención médica tras el incidente.

La ONG plantea una serie de medidas urgentes: desde campañas que difundan los derechos establecidos en la Ley 31047 hasta programas que incentiven la formalización del empleo doméstico. También proponen facilitar el uso de plataformas digitales para el registro de contratos laborales, mejorar el acceso a salud mental y divulgar que los empleadores pueden deducir de impuestos los pagos realizados al seguro social de sus trabajadoras.

“Formalizar no es solo cumplir la ley, es reconocer la dignidad de un trabajo esencial. Sin trabajadoras del hogar, miles de otros trabajos no podrían realizarse. Es momento de cuidarlas como ellas cuidan a los demás”, concluye Mauricio.

El desafío es claro: convertir el cuidado en un trabajo visible, digno y protegido. Para ello, la acción no puede seguir siendo postergada ni invisibilizada.