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La sombra del Gasoducto Sur se proyecta sobre el futuro de Talara
Gremio advierte que la fragmentación acelerada de activos energéticos podría repetir errores históricos de litigios y costos hundidos para el Estado.
STAPP rechaza entrega «exprés» de la Refinería de Talara y exige respeto a la capacidad técnica del personal
En un contexto de alta tensión para el sector energético nacional, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) emitió un contundente comunicado rechazando la hoja de ruta planteada por ProInversión. La controversia surge a raíz del anuncio de ceder la gestión de la Refinería de Talara al sector privado con una fecha límite fijada para junio de 2026. El gremio advierte que la premura en este proceso compromete decisiones estratégicas y podría acarrear graves consecuencias económicas para el Estado.
El sindicato cuestiona la intención de convertir a Talara en el primer «bloque patrimonial» bajo gestión privada (mediante APP o gerencia externa) en un plazo tan corto, amparándose en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Para el STAPP, la velocidad que se pretende imprimir al proceso prioriza la urgencia coyuntural sobre el sustento técnico verificable y la gobernanza sólida que requiere el principal activo industrial del país.
Defensa del capital humano y rechazo a descalificaciones
Uno de los puntos más álgidos del pronunciamiento es la respuesta a Luis Del Carpio, Director Ejecutivo de ProInversión. El funcionario había cuestionado públicamente la capacidad de la estatal para manejar la moderna planta, utilizando la analogía de tener un «Lamborghini» sin saber conducirlo.
El STAPP calificó estas expresiones como una descalificación inaceptable. Aseguran que el personal de Petroperú ha sido rigurosamente capacitado para operar la nueva refinería bajo estándares internacionales de seguridad y desempeño.
«La solución a los problemas de la empresa no pasa por estigmatizar a sus trabajadores, sino por sanear, ordenar y fortalecer la gestión con criterios profesionales», enfatizó el gremio en su comunicado.
Riesgos de fragmentación y el fantasma del Gasoducto
La estrategia gubernamental, según lo difundido, contemplaría también la inclusión de activos como los lotes del noroeste (Z-69 y 192) en fideicomisos privados, facilitando una integración vertical para los operadores entrantes. Simultáneamente, se alerta sobre la asunción de nueva deuda internacional sin aval del Estado.
El sindicato advierte que esta combinación de fragmentación acelerada y apalancamiento financiero eleva el riesgo de controversias legales y costos hundidos. Como precedente, citaron el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y el litigio con Enagás, recordando que el país ya conoce el costo de los arbitrajes internacionales y el mantenimiento de infraestructura paralizada.
«Talara no puede exponerse a un esquema que termine generando nuevos costos hundidos, arbitrajes o traslados de riesgo al Estado peruano», sentencia el documento.
Exigencias: Saneamiento y transparencia
Antes de proceder con cualquier cesión, el STAPP exige un saneamiento real de Petroperú, basado en la meritocracia, la trazabilidad de decisiones y el blindaje contra la injerencia política, citando como ejemplo el modelo de gobierno corporativo de Ecopetrol en Colombia.
Entre sus demandas específicas, el sindicato solicita:
- Una rectificación pública por las expresiones que descalifican al personal.
- La presentación de un informe técnico integral (legal, financiero y ambiental) previo a cualquier decisión.
- Garantías de transparencia sobre la hoja de ruta y el reparto de riesgos con el operador privado.
- Un diálogo formal con las organizaciones laborales.
El gremio reafirmó que se mantendrá vigilante en la defensa de los activos estratégicos, subrayando que «hacer rápido no es sinónimo de hacer bien» cuando está en juego la seguridad energética y el patrimonio de todos los peruanos.
