Congreso plantea prohibir el reporte de víctimas de estafas en centrales de riesgo

En un importante paso hacia la protección de los consumidores financieros, ha sido presentado en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende prohibir el reporte en centrales de riesgo y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a aquellos usuarios del sistema financiero que sean víctimas de deudas no reconocidas, fraudulentas o consignadas sin su consentimiento, mientras se encuentren en proceso de reclamación.

La propuesta legislativa, identificada como proyecto de ley 6325/2023-CR y presentada por la congresista Katy Ugarte (UDP), busca incorporar el numeral 42.7 en el artículo 42 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este numeral especificaría que los acreedores no podrán reportar a los consumidores como deudores morosos ante las centrales de riesgo hasta que se haya agotado la vía administrativa y se haya acreditado su responsabilidad.

El proyecto tiene como objetivo principal brindar una mayor protección a los usuarios del sistema financiero, evitando que sean injustamente señalados como deudores morosos sin serlo, y prevenir posibles daños a su historial crediticio.

En la justificación del proyecto, se destaca que la defensa de los derechos y la integridad de las personas es un deber fundamental del Estado, especialmente en lo que respecta a su rol como consumidores. El registro en las centrales de riesgo, antes de que se resuelva administrativamente un reclamo, puede afectar la integridad moral, psicológica y física de una persona, así como su honor y reputación, entre otros aspectos.

La iniciativa también hace referencia a los numerosos casos de ciudadanos que han sido víctimas de delincuentes que, mediante artimañas o en complicidad con agentes financieros, han solicitado tarjetas de crédito o préstamos a nombre de terceros sin su consentimiento, lo que ha resultado en consecuencias perjudiciales para las víctimas.

Este proyecto de ley busca, en última instancia, garantizar una mayor protección para los consumidores financieros y fomentar la transparencia en las prácticas crediticias, contribuyendo así a la defensa de los derechos y la integridad de los ciudadanos en el ámbito financiero.