Congreso deroga norma que afectaba inversiones a regiones y municipios

En una decisión unánime, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República ha aprobado la derogación de una norma que contravenía los principios constitucionales y tenía un impacto negativo en las inversiones de los gobiernos regionales y locales.

La medida, respaldada por todos los miembros de la comisión, se basa en el dictamen del proyecto de ley 6244/2023-PE y está destinada a revocar la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.

Esta disposición previamente vigente prohibía la asignación de recursos vinculados a instrumentos de incentivos dentro del marco del Presupuesto por Resultados (PpR) y a fondos concursables, ya sean existentes o por crearse, a gobiernos regionales y locales que se encontraran en estado de emergencia debido a actos de violencia y/o alteración del orden público, entre otros factores.

La aplicación de esta norma había generado diversas situaciones de exclusión de los gobiernos locales en las transferencias de partidas realizadas en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, según se detalla en el proyecto de ley.

En un momento clave de la sesión, la comisión recibió al presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Dennys Cuba Rivera, quien presentó los planteamientos de los gobiernos locales para que fueran considerados en el predictamen del proyecto de ley 5779, conocido como la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

Entre las propuestas presentadas, se destacó la solicitud de autorizar excepcionalmente la transferencia de hasta un 100 % adicional del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) a los gobiernos locales. También se planteó la posibilidad de que los municipios pudieran utilizar hasta un 20 % de sus recursos derivados del canon, sobrecanon y regalías mineras, así como de los saldos de balances generados por estos conceptos, para fortalecer las actividades de servicios públicos y la gestión administrativa en gastos corrientes.

Además, se solicitó la creación de un fondo de 1,000 millones de soles que permita a los municipios, después de la ocurrencia de un fenómeno natural, atender directamente a la población afectada.

El presidente de la comisión, José Jerí Oré (SP), subrayó la difícil situación financiera que atraviesa el país y, en este contexto, instó a los alcaldes a que sus demandas estén en consonancia con la realidad económica. También les exhortó a explorar opciones que puedan aliviar la gestión de los gobiernos locales y regionales en un momento en el que se requieren soluciones creativas y sostenibles. La derogación de la norma señalada representa un paso importante hacia este objetivo.